El sistema de crédito social chino: Lo que las empresas deben saber
El Informe de Trabajo del Gobierno 2023 propuso seguir “mejorando el sistema de crédito social“. Esta es la décima vez consecutiva que el sistema de crédito social se incluye en el informe de trabajo del Gobierno desde 2014. En los últimos años, los organismos gubernamentales han trabajado para llenar las lagunas en su aplicación, respondiendo a preguntas importantes sobre el alcance de la información que se recopilará y supervisará, las sanciones y recompensas por mala o buena puntuación de crédito, y los mecanismos para restaurar el mal crédito. Los inversores extranjeros deben tener un conocimiento actualizado del sistema de crédito social de China para mantener mejor su ventaja competitiva y seguir cumpliendo las normas.
Traducción: Katherine Cheung García
El sistema de crédito social de China se propuso oficialmente al público por primera vez en 2014 con la publicación del Esquema para la Construcción y Planificación del Sistema de Crédito Social. A menudo malinterpretado como un sistema de vigilancia para controlar el comportamiento de los ciudadanos privados, el sistema es en realidad un intento de construir un sistema de calificación crediticia dirigido a cuatro pilares diferentes de la sociedad: uno para los ciudadanos, uno para las empresas y otras organizaciones, uno para los funcionarios del gobierno y uno para el poder judicial.
En los años transcurridos desde que se propuso por primera vez el sistema, el Gobierno ha publicado una amplia gama de directrices y reglamentos para la implantación del SCS. Esto incluye la publicación de un proyecto de ley, la Ley de Construcción del Crédito Social de la República Popular China (el “proyecto de Ley de Construcción del SCS”), que proporciona una base jurídica para la construcción del SCS, aclara los términos legales y establece el alcance de la información recopilada en el marco del sistema, entre otros parámetros y requisitos.
En este artículo, ofrecemos una visión general del SCS en su forma actual, centrándonos en su aplicación para las empresas, basándonos en la legislación, los reglamentos y las directrices más recientes.
¿Qué es y cómo funciona el sistema de crédito social chino?
El SCS de China ha sido malinterpretado como un sistema de vigilancia masiva, una forma de espiar a los ciudadanos y castigarlos por supuestas transgresiones sociales. En realidad, no es muy distinto de los sistemas de calificación crediticia de otros países, sólo que no tiene en cuenta exclusivamente el historial y la actividad financiera, sino también factores como las infracciones legales y el comportamiento poco ético. El alcance y el tipo de información recopilada en el marco del SCS también difieren entre las cuatro categorías de destinatarios.
En el caso de las empresas, la información que se recoge incluye cualquier cosa que pueda hacer que una empresa sea considerada “digna de confianza” o “no digna de confianza”. Por ejemplo, participar en actividades anticompetitivas o monopolísticas, realizar prácticas fiscales ilegales o poco éticas, dañar el medio ambiente o realizar prácticas engañosas con los consumidores, todo ello podría incluirse en el historial crediticio de una empresa, con consecuencias negativas.
Por el contrario, las contribuciones positivas a la sociedad, como la creación de programas sociales, las donaciones a causas benéficas u otras actividades de responsabilidad social corporativa (RSC), podrían tener un impacto positivo en la puntuación crediticia de una empresa.
El objetivo declarado del SCS es crear una sociedad más transparente y de mayor confianza, exigiendo responsabilidades a diversas entidades por actividades o comportamientos perjudiciales y recompensándolas por comportamientos buenos y beneficiosos. En marzo de 2022, la Oficina General del Comité Central del Partido Comunista de China (CCCPC) y la Oficina General del Consejo de Estado publicaron un documento titulado Opiniones sobre la promoción de la construcción de un sistema de crédito social con un desarrollo de alta calidad y la promoción de la formación de un nuevo patrón de desarrollo (las opiniones). Estas opiniones esbozan 23 medidas sobre cómo el SCS puede mejorar la confianza en la sociedad en una amplia gama de campos e industrias. Esto incluye mejorar la confianza de consumidores e inversores, el comercio exterior, guiar al sector financiero para que preste un mejor apoyo a las entidades de mercado, mejorar el entorno empresarial general agilizando los procedimientos burocráticos, e incluso ayudar a China a alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones de carbono.
Para más información sobre cómo el Gobierno propone mejorar la confianza social y la transparencia a través del SCS, consulte nuestro artículo sobre La construcción de una sociedad de alta confianza a través del sistema de crédito social.
La “información crediticia” recabada de las empresas
Con el sistema de crédito social de China, se recopilará “información crediticia” de los cuatro grupos destinatarios: funcionarios públicos, empresas, organizaciones sociales y órganos judiciales. En el caso de las empresas, esta información crediticia se almacena en una base de datos, denominada Sistema Nacional de Publicidad de Información Crediticia Empresarial (国家企业信用信息公示系统), y se utilizará para evaluar la fiabilidad de una organización determinada.
“Información crediticia” se define en el borrador de la Ley de Construcción del SCS como “información que puede utilizarse para identificar la identidad y la situación crediticia de personas físicas, personas jurídicas y organizaciones no constituidas con plena capacidad de obrar civilmente”.
Para las empresas, las responsabilidades se centran en mantener un entorno de mercado competitivo saludable, prevenir comportamientos anticompetitivos y monopolísticos, garantizar el cumplimiento de las normas y reglamentos del mercado y mantener los compromisos con clientes, consumidores y otras partes interesadas. El proyecto de ley menciona 14 “campos clave” para la construcción del sistema chino de crédito social empresarial. Esto incluye la supervisión de varios tipos de fraude o comportamiento ilegal, como el marketing y la publicidad ilegales o falsos, el fraude estadístico, contable, financiero, fiscal o de precios, así como el cumplimiento de las normas de seguridad, como la seguridad de la producción, la construcción y la ingeniería.
Tenga en cuenta que lo anterior se ha propuesto en el borrador de la Ley de Construcción del SCS que se publicó para comentarios públicos en noviembre de 2022. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC), el organismo gubernamental que emitió el documento, declaró el 28 de diciembre de 2022 que había recibido 146 sugerencias de enmiendas del público, que estudiará en los próximos meses. En el momento de redactar este documento aún no se había publicado una versión actualizada.
Para una visión completa, véase nuestro análisis del contenido del proyecto de Ley de Construcción del SCS: China Social Credit System – Draft Law Clarifies Rules for Companies.
Catálogo de información crediticia
El alcance de la información que se recopila sobre las empresas (y otras entidades y particulares) en el marco del sistema de crédito social de China también se mantiene en el Catálogo Básico Nacional de Información de Crédito Público, que actualizan anualmente la NDRC y el Banco Popular de China (PBOC). La versión 2022 de este catálogo se publicó a finales de 2022, y está en vigor hasta el 31 de diciembre de 2023. Este catálogo estandariza y define el alcance de la información crediticia que puede recopilarse, y prohíbe a los órganos gubernamentales recopilar información que esté fuera del alcance del catálogo.
La versión 2022 del catálogo enumera 12 tipos diferentes de información que pueden recogerse, un elemento más que la versión 2021.
Sistema de clasificación del riesgo de crédito de las empresas
En enero de 2022, la Administración Estatal de Regulación del Mercado (SAMR), el regulador del mercado chino, publicó las Opiniones sobre la promoción de la gestión clasificada del riesgo de crédito de las empresas y la mejora adicional de la eficiencia de la supervisión (las “opiniones sobre la clasificación del riesgo de crédito”).
Estos dictámenes detallan los planes para crear un sistema de clasificación del riesgo crediticio de las empresas, que clasifica a las empresas que operan en China en cuatro niveles diferentes de riesgo: de bajo riesgo a alto riesgo. Esta clasificación se basa en la información recopilada, como los atributos básicos de la empresa o la industria, los factores reguladores y la evaluación social, que se almacenará en el Sistema Nacional de Publicidad de Información sobre Crédito Empresarial local.
Este sistema de clasificación se puso a prueba en 2019 en 11 regiones diferentes, lo que fue calificado de “exitoso” por la SAMR y constituyó la base de los dictámenes.
La categoría que se les asigne decidirá entonces cuánta supervisión reguladora recibirán de los departamentos locales de supervisión del mercado, lo que, se espera, ayudará a los reguladores locales del mercado a aumentar la eficiencia y a asignar mejor el tiempo y los recursos.
Los dictámenes señalan que los departamentos competentes deben implantar plenamente todo el sistema en un plazo de tres años. Más concretamente, señalan que para finales de 2022 debe establecerse un mecanismo de clasificación del riesgo de crédito corporativo de uso general y para 2023 un sistema específico para cada profesión.
Sin embargo, por el momento, el Gobierno no ha facilitado información actualizada sobre el desarrollo del despliegue del programa ni sobre si se han alcanzado los objetivos. Para más información sobre el sistema de clasificación del riesgo de crédito de las empresas, véase nuestro artículo sobre el sistema de clasificación del riesgo de crédito de las empresas en China.
Consecuencias de una mala calificación crediticia
El proyecto de Ley de Construcción del SCS permite a los órganos y organizaciones estatales con la autoridad necesaria castigar a los actores “no dignos de confianza”. El proyecto de ley define las actividades no dignas de confianza como “los actos realizados por los destinatarios de los sujetos de información crediticia que han sido legalmente reconocidos y confirmados por los órganos estatales que han perdido su integridad”. La ley también estipula medidas para castigar los comportamientos indignos de confianza.
Estos son, en general:
- Publicidad de las infracciones de las empresas, aumento de las obligaciones de supervisión y restricciones de acceso a los mercados y a las políticas y procedimientos preferenciales.
- Permitir que otras organizaciones y particulares limiten o restrinjan a las empresas la realización de actividades como servicios de crédito, financiación y concesión de créditos, licitaciones, cooperación empresarial, etc., según corresponda a sus propias responsabilidades y necesidades.
La lista de entidades “seriamente indignas de confianza
Las empresas que cometan infracciones graves o tengan un comportamiento especialmente “poco fiable” pueden ser incluidas en la “Lista de entidades gravemente ilegales y deshonestas” (严重违法失信名单) y ser objeto de determinadas sanciones.
En julio de 2021, la SAMR publicó las Medidas Administrativas para la Regulación del Mercado de la Lista de Entidades Gravemente Ilegales y Deshonestas (las “medidas de la lista de entidades deshonestas”). Estas medidas, que entraron en vigor el 1 de septiembre de 2021, aclaran los tipos de infracciones que pueden llevar a una empresa a la Lista de Entidades Gravemente Ilegales y Deshonestas. Por lo general, se trata de infracciones jurídicas graves o comportamientos fraudulentos o contrarios a la competencia que tienen consecuencias perjudiciales para la sociedad o los mercados en general.
Los tipos de conductas o infracciones que pueden llevar a una empresa a figurar en esta lista varían en función del sector en el que opere, pero incluyen sanciones por infracciones como:
- Recibir un castigo “relativamente severo” por infringir leyes o reglamentos administrativos (como una fuerte multa o la revocación de una licencia comercial);
- Dedicarse a la producción y explotación de alimentos sin las licencias requeridas;
- Fabricación o venta de medicamentos falsificados o de calidad inferior;
- Vulnerar la dignidad personal y la información de los consumidores; y
- Presentar materiales falsos para procedimientos administrativos.
El denominador común de este comportamiento es que estas infracciones pueden causar graves perjuicios a los consumidores o a la sociedad en general, o socavar gravemente la integridad administrativa o del mercado.
Para una visión más completa de la lista de entidades “seriamente indignas de confianza”, consulte nuestro artículo sobre Infracciones y restablecimiento del mal crédito.
Lista de entidades anómalas
Las empresas que no han cometido infracciones graves pero que tienen registros de información incompletos, o “anormales”, se añaden a la “Lista de empresas con operaciones anormales” (经营异常名录).
Esta lista lleva aplicándose desde 2014, cuando la SAMR publicó las Medidas provisionales para la administración de la lista de operaciones empresariales anómalas. Los tipos de comportamiento que podrían llevar a una empresa a esta lista incluyen:
- No publicar el informe anual requerido o la información empresarial pertinente en el plazo estipulado en el Reglamento provisional sobre divulgación de información empresarial (el “reglamento de divulgación”), un conjunto de reglamentos publicados en 2014 para normalizar las obligaciones de divulgación de información empresarial;
- Publicar información corporativa para ocultar la situación real o recurrir al fraude; y
- Estar ilocalizable a través del domicilio social o lugar de trabajo.
Las empresas incluidas en la Lista de Empresas con Operaciones Anómalas pueden sufrir diversas consecuencias, como la restricción o prohibición de participar en contrataciones públicas, licitaciones de proyectos, transferencias de terrenos de propiedad estatal y concesión de títulos honoríficos.
Además, la inclusión en la lista podría dificultar el acceso de las empresas a los servicios financieros y bancarios, ya que los bancos y las instituciones financieras pueden tener en cuenta estas listas a la hora de examinar a las empresas para la prestación de servicios, como préstamos, garantías y seguros.
La inclusión de las empresas en esta lista también se hará pública a través del Sistema Nacional de Publicidad de Información sobre Crédito Empresarial, lo que significa que los posibles socios, proveedores y clientes podrán ver la situación anómala de la empresa, lo que podría afectar a sus oportunidades de negocio.
También es importante tener en cuenta que si una empresa no cumple sus obligaciones o rectifica los problemas que la llevaron a la lista en un plazo de tres años, pasará a engrosar la “Lista de entidades gravemente ilegales y deshonestas”, que conlleva consecuencias más graves.
Lista de medidas sancionadoras para entidades no fiables
Además del catálogo de información crediticia, la NDRC y el PBOC también mantienen la Lista Básica Nacional de Medidas Sancionadoras por Falta de Confianza. Esta lista, que también se actualiza anualmente, está diseñada para estandarizar y definir los castigos por comportamiento “deshonesto”.
La versión de 2022 de la lista, que se publicó en diciembre, incluye 14 sanciones en tres categorías. Para las empresas, estas son, a grandes rasgos:
- Reducción de derechos o aumento de obligaciones, como restricciones de acceso al mercado o a la industria;
- Restricciones a la solicitud de fondos fiscales, restricciones a la participación en evaluaciones, restricciones a las políticas preferenciales y medidas de facilitación, y ser objeto de medidas de supervisión adicionales.
- Inclusión en informes de investigación o calificación crediticia basados en el mercado, concesión estricta y prudente de créditos, etc.
Ventajas de una buena puntuación crediticia
El proyecto de Ley de la Construcción del SCS autoriza a los organismos gubernamentales a aplicar incentivos basados en el mercado a las empresas con buena conducta crediticia. La ley esboza dos medidas de incentivo por buena conducta, que a grandes rasgos son:
- Proporcionar procedimientos simplificados y prioritarios a las empresas a la hora de acceder a servicios públicos, fondos financieros y apoyo a proyectos, y transacciones de recursos públicos, y honrarlas con premios u honores.
- Reducir la frecuencia de las inspecciones o reducir la proporción de inspecciones aleatorias.
Además de los organismos estatales, permitir que otras organizaciones y particulares ofrezcan a las empresas y particulares mayor comodidad y medidas preferenciales para los servicios de crédito, financiación y concesión de créditos, licitaciones, cooperación empresarial, etc., según corresponda a sus propias responsabilidades y necesidades.
Medidas para restablecer el mal crédito
Las empresas que han recibido una mala calificación crediticia o han sido incluidas en alguna de las listas negras administrativas disponen de diferentes vías de actuación para restablecer su situación.
En enero de 2023, la NDRC publicó un conjunto de medidas administrativas de prueba, denominadas Medidas para la Administración de la Restauración de la Información Crediticia tras la Corrección de Conductas No Confiables (las “medidas de corrección crediticia”). Estas medidas, que entrarán en vigor el 1 de mayo de 2023, establecen explícitamente que las empresas que cumplan determinados requisitos tienen derecho a restaurar la información crediticia y estandarizan los procedimientos para hacerlo.
Entre las medidas para restaurar la información crediticia descritas en estas medidas se incluyen:
- Eliminación de la lista de entidades gravemente poco fiables;
- Cese de la publicidad de la información sobre sanciones administrativas (es decir, eliminación de la información relativa a sanciones anteriores por infracciones de las bases de datos públicas de información crediticia); y
- Restauración de otra información no fiable.
Las medidas de corrección crediticia también ponen límites a los tipos de sanciones que deben publicarse a través de la base de datos y estipula fechas de caducidad para la publicación de diversos tipos de sanciones, que oscilan entre tres meses y tres años.
Los procedimientos específicos para la eliminación de una empresa de las listas negras administrativas se describen en las Medidas Administrativas para la Regulación del Mercado de Restauración del Crédito, que se publicaron en 2021. Estas medidas proporcionan una descripción detallada de los procedimientos que deben seguir las empresas para restablecer su crédito social y ser eliminadas tanto de la lista de entidades gravemente deshonestas como de la lista de empresas con operaciones anómalas.
Las empresas que figuren en cualquiera de estas listas pueden solicitar su supresión anticipada transcurrido un año desde la fecha de inclusión en la lista. Para poder optar a la supresión anticipada, una empresa debe tener:
- Cumplió proactivamente las obligaciones de la sanción administrativa;
- Eliminado activamente las consecuencias perjudiciales de sus infracciones; y
- No haber recibido ninguna otra sanción relativamente grave de las autoridades competentes.
Para poder ser eliminada de la lista de empresas con operaciones anormales, una empresa debe tener:
- Presentación y difusión del informe anual que faltaba;
- Cumplió sus obligaciones de divulgación de información;
- Corregir cualquier información pública falsificada u ocultada; y
- Actualización de la dirección registrada a la dirección actual o restablecimiento de los medios de contacto en la dirección existente.
En el caso de la lista de entidades “gravemente deshonestas”, las empresas sólo pueden ser eliminadas transcurridos tres años desde la fecha de inclusión inicial en la lista. Las empresas que deseen solicitar su retirada anticipada de la lista de entidades deben presentar la siguiente documentación a las autoridades de regulación del mercado:
- Formulario de solicitud de eliminación/restablecimiento del crédito;
- Carta de compromiso;
- Materiales que prueben el cumplimiento de obligaciones o la corrección de actividades ilegales; y
- Otros materiales requeridos por la SAMR.
Se informará a la empresa de si el caso ha sido aceptado para su examen en un plazo de dos días a partir de la presentación y sobre la decisión de retirar o no a la empresa de la lista en un plazo de 15 días.
Consideraciones de cumplimiento para empresas extranjeras
El sistema de crédito social de China ha madurado considerablemente desde que se propuso por primera vez en 2014. En los últimos años, los organismos públicos han trabajado para colmar las lagunas en su aplicación, respondiendo a preguntas importantes sobre el alcance de la información que se recopilará y supervisará, las penalizaciones y recompensas por mala o buena puntuación crediticia y los mecanismos para restablecer el mal crédito.
Lo que esto significa para las empresas es un mayor riesgo de consecuencias por incumplimiento, y la posibilidad de sanciones económicas y de acceso al mercado a más largo plazo, más allá de las multas administrativas. Es importante que cualquiera que haga negocios en China conozca el funcionamiento del sistema de crédito social, ya que las empresas extranjeras están sujetas a las mismas normas que las nacionales.
Sin embargo, en su mayor parte, el sistema de crédito social de China no impone a las empresas una carga de cumplimiento mayor de la que ya tenían, sino que es otra forma de castigar a las empresas por infringir las leyes y normativas chinas. El principal reto para las empresas que operan en China es, por tanto, mantenerse al día y cumplir una plétora de normativas s -fiscal y contable, protección del consumidor, privacidad de datos, publicidad, protección del medio ambiente y divulgación de información, entre otras-, muchas de las cuales se modifican con regularidad. No cumplir adecuadamente estas leyes y reglamentos puede hacer que una empresa obtenga una mala calificación crediticia, no así el incumplimiento del SCS.
Por tanto, mantener una buena puntuación crediticia debe considerarse una extensión de las estrategias generales de cumplimiento y gestión de riesgos. Para obtener ayuda en materia de cumplimiento en una amplia gama de ámbitos administrativos, diligencia debida y evaluación de riesgos de cumplimiento, póngase en contacto con nuestros profesionales en China@dezshira.com.
Este artículo se publicó por primera vez el 5 de noviembre de 2019 y se actualizó por última vez el 24 de marzo de 2023.
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