A partir del 1 de julio de 2024, entra en vigor la Ley de Sociedades Revisada de China: Puntos claves aquí.

La legislatura de China ha adoptado una enmienda a la Ley de Sociedades del país, aprobando cambios radicales en las normas de capital de las empresas, las estructuras de gobierno corporativo, los procedimientos de liquidación y los derechos de los accionistas, entre otros. La nueva versión de la Ley de Sociedades de China tiene implicaciones significativas para las empresas en China, tanto antiguas como nuevas, ya que proporciona más flexibilidad en áreas como la emisión de acciones y la estructura corporativa, al tiempo que fortalece la protección de los derechos de los accionistas. Se recomienda encarecidamente a los inversores y empresas extranjeras que se familiaricen con la Ley de Sociedades de China modificada para evaluar el posible impacto en sus inversiones.

Traducción: Bruno Hernandez

El 29 de diciembre de 2023, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN) adoptó una enmienda a la Ley de Sociedades de China  (“Ley de Sociedades de 2023”). La versión final de la Ley de Sociedades de 2023, que entrará en vigor el 1 de julio de 2024, es el resultado de muchos años de enmiendas y deliberaciones preliminares, que comenzaron a finales de 2021.

En una entrevista con un periodista, un representante de la APN explicó cómo la Ley de Sociedades de 2023 mejora varias áreas del gobierno corporativo, incluido el sistema de aportación de capital, los derechos de los accionistas y los sistemas de registro y liquidación de empresas, entre muchas otras áreas. Las enmiendas también introducen cambios importantes que ponen la Ley de Sociedades de China en consonancia con los requisitos de divulgación de información de las empresas introducidos en los últimos años a través del sistema de crédito social de las empresas.

Las empresas que ya están establecidas en China o que buscan ingresar al mercado chino deben familiarizarse con los últimos cambios en la Ley de Sociedades para garantizar el cumplimiento de los últimos requisitos.

Modificación de las provisiones sobre el capital social

Cambios en los términos de pago de capital suscrito para SRL

El artículo 47 de la Ley de Sociedades de 2023 estipula que los accionistas de una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) deben pagar su capital suscrito en su totalidad dentro de los cinco años posteriores a la creación de la empresa. En una SRL, el capital suscrito es el capital social de la empresa, que debe registrarse en la autoridad de registro de la empresa al momento de su establecimiento.

Se concederá un periodo transitorio a las sociedades constituidas antes de la entrada en vigor de la Ley de Sociedades de Capital de 2023 que hayan suscrito plazos de pago de capital superiores a este plazo. Estas empresas estarán obligadas a ajustar progresivamente el período de cotización para cumplir con este requisito.

Este cambio se ha introducido para hacer frente a los problemas de exceso de capital de los accionistas en la fase inicial, así como a los plazos de pago muy largos, que a veces han dado lugar a que el capital suscrito nunca se pague en su totalidad.

Además del nuevo plazo, la Ley de Sociedades de 2023 también estipula nuevos requisitos para que las empresas divulguen su capital social y eleva las sanciones por incumplimiento.

El artículo 40 de la Ley de Sociedades de 2023 establece que las empresas deben divulgar la siguiente información sobre el registro de capital a través del Sistema Nacional de Divulgación de Información Crediticia Empresarial (entre otra información):

1. El monto de la contribución de capital suscrita y pagada por los accionistas de una SRL, el método y la fecha de la contribución de capital y el número de acciones suscritas por los promotores de una sociedad anónima; y
2. Cambios en la información sobre el patrimonio y las acciones de los accionistas de las SRL y los promotores de las sociedades anónimas.

Por su parte, el artículo 251 estipula sanciones por no revelar de forma veraz y precisa la información anterior, que pueden oscilar entre 10.000 y 50.000 RMB (1.406 a 7.032 dólares EE.UU.), o entre 50.000 y 200.000 RMB (7.032 a 28.130 dólares EE.UU.) si las circunstancias son graves. La persona directamente responsable de la infracción también puede ser multada con entre 10.000 y 100.000 RMB (entre 1.406 y 14.065 dólares EE.UU.).

Sistema de capital autorizado para las sociedades anónimas

La Ley de Sociedades de 2023 introduce un nuevo sistema de capital autorizado para las sociedades anónimas, en el que las asambleas de accionistas pueden “autorizar al consejo de administración a dictar una resolución sobre la emisión de bonos corporativos” (artículo 59).

Con arreglo a este sistema, una sociedad anónima sólo tiene que emitir algunas de sus acciones cuando se establece, tal y como se indica en sus estatutos o escritura de constitución. De esta manera, el consejo de administración puede optar por emitir algunas o todas las acciones restantes en un momento posterior si requiere más liquidez.

Sin embargo, los promotores de una sociedad anónima deberán pagar la suscripción en su totalidad antes de que se establezca la empresa. Según el representante de la APN, esto facilitará el establecimiento de la empresa, mejorará la flexibilidad financiera y reducirá problemas como la virtualización del capital registrado.

Una nueva cláusula también establece que los accionistas de una sociedad anónima o una SRL que no paguen a tiempo la contribución de capital suscrita son responsables de pagar daños y perjuicios a la empresa, además de la cantidad suscrita.

Más flexibilidad en la emisión de acciones

La Ley de Sociedades de 2023 añade una nueva cláusula que estipula los distintos tipos de acciones que puede emitir una sociedad limitada por acciones, además de las acciones ordinarias. Estas acciones deben cumplir con los estatutos de la empresa, y pueden incluir:

1. Acciones preferentes y subordinadas;
2. Acciones con derecho especial a voto;
3. Transferir acciones restringidas; y
4. Otros tipos de acciones especificadas por el Consejo de Estado.

Sin embargo, una sociedad cotizada no podrá emitir acciones con más o menos derechos de voto por acción que las acciones ordinarias ni transferir acciones restringidas, a menos que hayan sido emitidas antes de la oferta pública.

Las sociedades limitadas también pueden optar por dividir sus acciones en acciones de valor nominal y sin valor nominal, de acuerdo con las disposiciones de sus estatutos. Con las acciones de valor nominal, cada acción vale la misma cantidad.

Aclaración de los procedimientos de reducción del capital social

La Ley de Sociedades de 2023 aclara ligeramente los mecanismos de reducción del capital social al establecer que las empresas pueden reducir su capital social para compensar las pérdidas. El mecanismo sólo puede utilizarse si la empresa sigue experimentando pérdidas después de haber utilizado su fondo de reserva pública discrecional y su fondo público de reserva estatutario para compensar las pérdidas (que deben utilizarse en primer lugar según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 214).

Sin embargo, si el capital social se reduce para compensar las pérdidas, la sociedad no podrá distribuir el capital a los accionistas ni eximir a los accionistas de su obligación de pagar aportes de capital o pagos de acciones.

Si la empresa opta por reducir su capital social de esta manera, no necesita notificar a los acreedores dentro de los 10 días posteriores a la resolución para reducir el capital social como se requiere normalmente. Sin embargo, aún debe anunciar la reducción en un periódico o a través del Sistema Nacional de Información Crediticia Empresarial dentro de los 30 días posteriores a la resolución.

Cuando una sociedad reduzca su capital social, la reducción correspondiente del importe de la aportación o de las acciones debe efectuarse en función de la proporción de las aportaciones o participaciones de los accionistas. Se exceptúan los siguientes casos: cuando la ley disponga otra cosa; si existen acuerdos específicos entre todos los accionistas de una SRL; o los estatutos de una sociedad anónima especifican lo contrario.

Tenga en cuenta que después de que una empresa reduce su capital social, no puede distribuir las ganancias hasta que el monto acumulado del fondo de reserva legal y el fondo de reserva discrecional alcance el 50 por ciento del capital social de la empresa.

Cambios en las estructuras de gobierno corporativo

Establecimiento de un comité de auditoría

Uno de los principales cambios en la Ley de Sociedades de 2023 es la disposición para permitir que las SRL y las sociedades anónimas establezcan un “comité de auditoría” dentro de la junta directiva, en cuyo caso no necesitaría establecer una junta de supervisores (ni nombrar a ningún supervisor). El comité de auditoría puede estar “compuesto por directores en el consejo de administración [y] ejercer las facultades del consejo de supervisores”.

La versión de 2018 de la Ley de Sociedades exigía que las empresas establecieran una junta de supervisores para supervisar los asuntos de la empresa. Sin embargo, este consejo generalmente no ha tenido mucho uso en la práctica, lo que puede ser la razón por la que la Ley de Sociedades de 2023 ha introducido este nuevo cuerpo.

El comité de auditoría de una sociedad anónima debe tener al menos tres miembros, de los cuales más de la mitad (al menos dos si el comité solo tiene tres miembros) no ocupan ningún otro cargo dentro de la empresa que no sea el de director. Tampoco deben tener ninguna relación con la empresa que pueda afectar su juicio independiente y objetivo.

Los representantes de los trabajadores que son miembros del consejo de administración de la empresa pueden convertirse en miembros del comité de auditoría (tanto en las sociedades anónimas como en las sociedades de responsabilidad limitada).

La nueva ley establece disposiciones específicas para los procedimientos de deliberación y votación del comité de auditoría de las sociedades anónimas y las sociedades que cotizan en bolsa. Estas disposiciones son las siguientes:

• Los acuerdos adoptados por el Comité de Auditoría deberán ser aprobados por más de la mitad de sus miembros.
• Cada miembro del Comité de Auditoría tiene un voto para las resoluciones.
• Las deliberaciones y los procedimientos de votación del comité de auditoría se estipularán en el Acuerdo sobre la Agricultura de la empresa, salvo que se estipule lo contrario en la Ley de Sociedades.
• La empresa podrá establecer otros comités en el consejo de administración siguiendo las disposiciones del Acuerdo sobre la Agricultura de la empresa.

No se han estipulado disposiciones específicas sobre los procedimientos de deliberación y votación del comité de auditoría de una SRL.

No hay consejo de administración para las pequeñas sociedades anónimas

La Ley de Sociedades de 2023 permite a las pequeñas sociedades anónimas o a las sociedades anónimas con pocos accionistas la opción de no establecer un consejo de administración. La Ley de Sociedades de 2018 solo permitía a las SRL esta opción.

En estos casos, se podrá designar un administrador único para ejercer las funciones y facultades del consejo de administración. El director también puede desempeñarse como gerente de la empresa.

No hay supervisor para pequeñas SRL

La Ley de Sociedades de 2023 permite a las SRL pequeñas o SRL con pocos accionistas la opción de no tener supervisor(es), con el consentimiento unánime de todos los accionistas.

Permitir que el consejo de accionistas transfiera poderes al consejo de administración

La Ley de Sociedades de 2023 deja claro que las funciones y atribuciones del consejo de administración se componen de tres partes: funciones y facultades estatutarias, funciones y facultades prescritas en los estatutos, y facultades autorizadas otorgadas por la junta de accionistas o la junta de accionistas.

Además, la nueva ley estipula que la junta de accionistas o asamblea de accionistas puede autorizar a la junta directiva a tomar resoluciones sobre algunos asuntos dentro del ámbito de sus funciones y atribuciones (como la emisión de bonos corporativos).

Ampliación del alcance del nombramiento de representantes legales

La Ley de Sociedades de 2018 exige que el representante legal de la empresa ocupe el cargo de presidente, director ejecutivo o gerente, lo que puede ser difícil de implementar en la práctica. La Ley de Sociedades de 2023 amplía el ámbito de selección de representantes legales a todos los directores o gerentes que lleven a cabo negocios en nombre de la empresa.

Modificación de las disposiciones relativas a los derechos de los accionistas

La Ley de Sociedades de 2023 refuerza los poderes de los accionistas de varias maneras, permitiéndoles proteger mejor sus derechos. Entre ellas se encuentran la ampliación de su derecho a la información, la facultad de convocar juntas generales extraordinarias y el derecho a exigir la recompra de acciones.

Ampliación de los derechos de acceso a la información

El artículo 57 se ha modificado para permitir que los accionistas de una SRL soliciten inspeccionar los comprobantes contables de la empresa, además de los libros contables, como ya estaba permitido por la Ley de Sociedades de 2018.

Además, la ley de 2023 estipula que los accionistas de una SRL pueden confiar en firmas de contabilidad, bufetes de abogados y otros intermediarios para revisar el Estatutos de la empresa, la lista de accionistas, las actas de la junta de accionistas, las resoluciones de la junta directiva, las resoluciones de la reunión de la junta de supervisión y los informes de contabilidad financiera.

Por su parte, los accionistas de sociedades anónimas que individual o colectivamente posean más del 3 por ciento de las acciones de la sociedad durante más de 180 días consecutivos podrán revisar tanto los libros de contabilidad como los comprobantes contables de la sociedad, de conformidad con las disposiciones pertinentes.

A partir de ahora, los accionistas de las sociedades anónimas también pueden duplicar los materiales de la empresa (estatutos, lista de accionistas, actas de la junta de accionistas, resoluciones de la junta directiva, resoluciones de la reunión del consejo de supervisión e informes de contabilidad financiera). La Ley de Sociedades de 2018 solo estipulaba que los accionistas podían inspeccionar estos materiales.

Además, la Compañía 2023 permite a los accionistas inspeccionar y duplicar materiales relevantes de una empresa subsidiaria de propiedad total.

Derecho a solicitar la recompra de acciones

De conformidad con el artículo 89 de la Ley de Sociedades de 2023, los accionistas tienen derecho a solicitar a la sociedad que adquiera su capital a un precio razonable si el accionista mayoritario de una sociedad abusa de sus derechos y perjudica gravemente los intereses de la sociedad o de otros accionistas.

Además, el artículo 161 establece las circunstancias en las que los accionistas que voten en contra de un acuerdo de la junta de accionistas pueden solicitar a la sociedad la adquisición de sus acciones:

• La empresa no ha distribuido beneficios a los accionistas durante cinco años consecutivos, pero la empresa ha obtenido beneficios durante cinco años consecutivos y cumple las condiciones para la distribución de beneficios estipuladas en la Ley de Sociedades;
• La empresa transfiere sus principales activos; y
• Cuando expire el período operativo especificado en el Estatutos de la empresa, o cuando se produzcan otras razones de disolución especificadas en el Estatutos, y la asamblea de accionistas apruebe una resolución para enmendar el Estatutos para mantener la empresa en existencia.

Si el accionista y la empresa no pueden llegar a un acuerdo de adquisición de acciones dentro de los 60 días posteriores a la fecha de la resolución en cuestión, el accionista puede presentar una demanda ante el Tribunal Popular dentro de los 90 días posteriores a la fecha de dicha resolución.

El derecho a exigir la recompra de acciones en los escenarios anteriores no se aplica a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa.

Derecho a presentar demandas contra ejecutivos y gerentes de subsidiarias de propiedad absoluta

En una nueva cláusula añadida al artículo 189 de la Ley de Sociedades de 2023, los accionistas tienen derecho a demandar a los directores, supervisores o altos directivos de las filiales de propiedad absoluta de una empresa si se descubre que infringen las leyes, los reglamentos administrativos o los estatutos de la empresa, y causan pérdidas a la empresa.

En estas circunstancias, los accionistas de una SRL o los accionistas de una sociedad anónima que, individual o colectivamente, posean más del 1 por ciento de las acciones de la empresa durante más de 180 días consecutivos, pueden solicitar a la junta de supervisión o a la junta directiva de una subsidiaria de propiedad absoluta que presente una solicitud por escrito al Tribunal Popular. Alternativamente, pueden presentar una demanda directamente ante el Tribunal Popular en su nombre.

Pérdida de los derechos de los accionistas por incumplimiento de las aportaciones de capital

La Ley de Sociedades de 2023 añade disposiciones que estipulan la pérdida de derechos de los accionistas que adeudan aportaciones de capital. Según el artículo 51, si un accionista no paga la contribución de capital dentro del tiempo prescrito y el período de gracia posterior después del establecimiento de una SRL, puede perder el capital de la contribución de capital no pagada.

Una cláusula similar figura en las Disposiciones del Tribunal Supremo Popular sobre algunas cuestiones relativas a la aplicación del Derecho de sociedades de la República Popular China (3) (“Disposiciones de aplicación 3”). El artículo 17 de las Disposiciones de Implementación 3 establece que “Si un accionista de una SRL no cumple con su obligación de contribución de capital o retira todas las contribuciones de capital, y la compañía lo insta a pagar o devolver la contribución de capital, y aún así no paga o devuelve la contribución de capital dentro de un período de tiempo razonable, la compañía descalificará al accionista como accionista por resolución de la junta de accionistas. El tribunal popular no apoyará la solicitud del accionista de confirmar que la rescisión es inválida”.

A pesar de la similitud con la “pérdida de derechos de los accionistas”, la cláusula anterior solo se aplica cuando un accionista no cumple o retira por completo su aportación de capital, no en los casos en que un accionista no cumple solo una parte de sus obligaciones o retira parte de sus aportaciones de capital. De este modo, la última modificación sirve para colmar una laguna que ha sido explotada por algunos accionistas.

Recién añadido el desprecio “horizontal” de la personalidad corporativa

El desconocimiento de la personalidad corporativa, también conocido como “levantamiento del velo corporativo“, es una doctrina utilizada para evitar que los accionistas abusen de la responsabilidad limitada de los accionistas y, por lo tanto, perjudiquen los intereses de los acreedores.

En virtud de esta doctrina, los accionistas de una sociedad que abusen de la condición de persona jurídica independiente de la sociedad y de la responsabilidad limitada de los accionistas para evadir deudas y causar daños a los intereses de los acreedores de la sociedad serán responsables solidarios de la deuda de la sociedad, de modo que se levante o se rasgue el “velo” de la sociedad.

Si bien la versión de 2018 de la Ley de Sociedades tiene una disposición sobre el desprecio de la personalidad corporativa, la Ley de Sociedades de 2023 agrega que cuando un accionista utiliza dos o más empresas bajo su control para evadir deudas y dañar los derechos de los acreedores abusando de la personalidad jurídica independiente de la empresa y de la responsabilidad limitada de los accionistas, cada empresa tendrá responsabilidad solidaria por las deudas de cualquiera de las empresas. Es el llamado desconocimiento horizontal de la personalidad jurídica.

Se espera que este cambio proteja aún más a los acreedores de las empresas y salvaguarde un entorno empresarial justo.

Cambios en los procedimientos de constitución y liquidación de empresas

Flexibilización de las restricciones a las empresas unipersonales

La Ley de Sociedades de 2023 amplía el tipo de empresa que una persona física puede abrir por su cuenta, y el número de sociedades que una sola persona puede constituir.

Por ejemplo, ahora permite que una persona constituya una sociedad anónima. Según la Ley de Sociedades de 2018, se necesitan al menos dos personas para hacerlo.

Específicamente, el artículo 92 dice que “Para establecer una sociedad anónima, debe haber al menos uno y no más de doscientos miembros fundadores, y más de la mitad de los miembros fundadores deben tener su domicilio dentro del territorio de la República Popular China”.

Este cambio reduce significativamente las barreras de entrada para iniciar un negocio y brindará a las empresas más pequeñas la opción de iniciar una sociedad anónima, que ofrece un modelo financiero más flexible.

Procedimientos simplificados de baja

El artículo 240 de la Ley de Sociedades de Capital de 2023 introduce nuevos “procedimientos simplificados de baja” para las empresas que no hayan incurrido en deudas durante su existencia o hayan pagado todas las deudas. Esto solo puede hacerse con el compromiso de todos los accionistas.

Los procedimientos simplificados de baja se llevan a cabo mediante el anuncio de la baja a través del Sistema Nacional de Divulgación de Información Crediticia de las Empresas por un período de al menos 20 días. Después de la expiración del período de anuncio, la empresa puede solicitar a la autoridad de registro de la empresa que cancele el registro de la empresa dentro de los 20 días, si no se ha recibido ninguna objeción.

Baja forzosa

La Ley de Sociedades de 2023 añade un mecanismo de “baja forzosa” para las empresas que ya no están autorizadas a operar pero que no han completado la baja.

El artículo 241 establece que, si una empresa no completa su liquidación en un plazo de tres años a partir de la revocación de su licencia comercial o de la orden de cierre, la autoridad de registro de la empresa puede solicitar la cancelación del registro de la empresa. Lo hará anunciando su intención a través del Sistema Nacional de Publicidad de Información Crediticia Empresarial y dando a la empresa un plazo de preaviso de al menos 60 días. Si no ha habido objeciones por parte de la empresa después de esos 60 días, la autoridad de registro de la empresa puede cancelar el registro de la empresa.

En este caso, no habrá cambios en las responsabilidades para con los accionistas originales de la empresa y los deudores de liquidación.

Según un artículo publicado en el sitio web de la APN, este mecanismo de cancelación forzada del registro se ha agregado para hacer frente a la prevalencia de “empresas zombis” en China, empresas que no están en funcionamiento pero no pueden salir del mercado.

Otros cambios relacionados con la liquidación

La Ley de Sociedades de 2023 crea una “regla de recuperación” para la disolución voluntaria. El artículo 230 estipula que, en algunas circunstancias, se puede permitir que una empresa continúe operando después de una disolución voluntaria tras la modificación del Acuerdo sobre la Agricultura de la empresa por una resolución de la junta de accionistas, si la propiedad no se ha distribuido a los accionistas.

En concreto, esto se puede hacer cuando una empresa se disuelve debido a:

• Vencimiento del plazo de operación estipulado en los estatutos de la empresa o cuando se produzcan otras circunstancias para la disolución estipuladas en los estatutos de la empresa; y
• Resolución de disolución aprobada por el consejo de administración o por la junta general de accionistas.

Dicha resolución y enmienda a los estatutos de la empresa para continuar con la empresa debe ser aprobada por una mayoría de dos tercios de los votos emitidos por los accionistas de una SRL. En el caso de las sociedades anónimas, debe aprobarse por mayoría de dos tercios de los votos emitidos por sus accionistas presentes en una junta general de accionistas.

Además, la Ley de Sociedades de 2023 aclara que los directores deben actuar como liquidadores en caso de liquidación. El artículo 232 establece que los administradores formarán un grupo de liquidación dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que surja la causa de disolución. Los directores de la empresa también son miembros del grupo de liquidación por defecto. Si el deudor liquidador no cumple a tiempo con la obligación de liquidación y causa pérdidas a la empresa o a los acreedores, será responsable de la indemnización.

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